Robin Hood, Mateo y la paradoja de la redistribución

     Lo que principalmente se espera del Estado de Bienestar (EB) es que tenga un impacto positivo en la eliminación de la pobreza y la desigualdad, bien a través del incremento de los ingresos de una parte de los ciudadanos y a través de transferencias ―financiadas con impuestos progresivos y contribuciones sociales―, o bien mediante la provisión de servicios públicos para la población, o ambas.

     El efecto redistributivo del EB ha sido confirmado por numerosos estudios. Sin embargo, en los años 70 del s. XX, se llamó la atención sobre el hecho de que a pesar de la extensión del EB, la pobreza y la desigualdad seguían persistiendo. En distintos trabajos comparados se ha tratado de explicar hasta qué punto este resultado puede generalizarse a todos los regímenes de bienestar (nórdico, liberal, continental o mediterráneo) y a los diferentes programas de política social.   

     Efectivamente el tipo de régimen de bienestar importa para explicar la pobreza y la desigualdad. Los EB menos generosos e inclusivos, dejan lagunas sin cubrir respecto al bienestar. El objetivo básico de aseguramiento contra los riesgos del régimen conservador centroeuropeo, reproduce las diferencias de estatus y conduce a la dualización social, entre los insiders, trabajadores con carreras laborales largas y estables, por tanto bien protegidos cuando se quedan en paro o se jubilan, y los outsiders, muy mal cubiertos si caen en desgracia. En el régimen mediterráneo, por ejemplo, no se han desarrollado algunos de los “pilares” del bienestar (atención a las personas en situación de dependencia o a las familias), lo que limita su eficacia en términos de proteger a determinados colectivos.

     También existe un interesante debate sobre qué tipo de programas corrigen mejor la desigualdad. Podría pensarse que los programas más focalizados ―es decir, los que destinan los recursos a grupos específicos, como los más necesitados, los inmigrantes o las mujeres―, son más eficaces que los programas universales ―esto es, los servicios o prestaciones uniformes que benefician a todos los ciudadanos independientemente de su renta o clase social―. Sin embargo, como han explicado Korpi y Palme en su paradoja de la redistribución, los programas focalizados, predominantes en el Reino Unido o Estados Unidos, ― especialmente los que solo benefician a un escaso número de individuos en su situación de necesidad―, reciben menos apoyo por parte de los demás ciudadanos. La focalización sería una especie de estrategia Robin Hood, en la que se quita dinero a los más afortunados económicamente para distribuirlo entre los más pobres. Estos ciudadanos afortunados pasan a considerarse contribuidores netos del EB, ya que pagan impuestos pero no se benefician de las prestaciones, lo que a la larga puede socavar el apoyo al sistema y provocar que los programas sean menos generosos y, también, más fáciles de recortar.

     Parte de estos problemas se obviarían con un sistema  de prestaciones o servicios similares para todos. Aunque estos programas han sido criticados por producir el llamado efecto Mateo, «el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre», la evidencia demuestra que los regímenes universalistas arrojan mejores resultados en la reducción de la pobreza. Los ciudadanos acostumbran a proporcionar más apoyo a los programas que pagan pero de los que también se benefician. Cuando puede reunirse bajo las mismas instituciones del bienestar a los más desfavorecidos con los más afortunados, las cosas mejoran para ambos, puesto que se produce una mayor presión por la calidad de los mismos.

   Igualmente, la lógica de funcionamiento de los programas focalizados está detrás de algunos de sus problemas. Tales programas, generalmente poco generosos, proporcionan apoyo una vez que otras redes de ayuda han fallado (los servicios públicos o la propia familia). Sin embargo, cuando el individuo se encuentra ya en situación de exclusión, es muy difícil evitar la cronificación debido a que se han perdido las redes de ayuda más elementales. Se trata de un serio problema que afecta además a la legitimidad de los programas sociales, ya que debido a su supuesta incapacidad para rescatar a los ciudadanos de la pobreza son desprestigiados y acusados de desincentivar el esfuerzo individual

Lo que se lleva en Europa en materia de Estado de Bienestar y política social

Arriba, Vagón de Terecera y abajo Vagón de Primera (Daumier 1875)

    

    


Con la finalidad, en un futuro, de ver hasta qué punto seguimos la moda europea en el Sur, he procedido a elaborar un listado de las principales tendencias en materia de Estado de Bienestar  y política social en distintos países en la última década.

     Lo primero que llama la atención es que, a diferencia de lo que ocurrió en los años 80 y los primeros 90, en general, los gobiernos se han mostrado muy activos en este sector de política, venciendo la inercia de los programas públicos existentes y las resistencias de los actores que tradicionalmente han defendido el status quo del bienestar (cuestión que tendremos que explicar politólogos y sociólogos). Además, el papel de otros actores, como los ministerios de finanzas o de empleo o de las corporaciones empresariales se ha hecho ahora más visible en el diseño de la política.

     De entre todos los países, los de la Europa continental parecen ser los más dinámicos últimamente, en buena medida porque los anglosajones y los nórdicos lo fueron en la década anterior. Otro asunto bien interesante es que en muchas ocasiones las políticas no suponen menos sino más intervención del Estado en forma de control administrativo. Por sectores de política social, se han producido reformas en todas ellas aunque, en principio, los recortes son más duros en pensiones y protección por desempleo.

Sin ánimo de ser exhaustiva, el catálogo de los cambios se podría sintetizar en:

 1) Apuesta por convertir en empleables al máximo número de ciudadanos
 -- A diferencia de las políticas de los 80 que favorecían la salida del mercado laboral de mujeres, mayores y  discapacitados para garantizar el empleo de los varones cabeza de familia, en la actualidad estos colectivos vuelven a considerarse empleables y por lo tanto reciben presión para que busquen un trabajo.
-- Se subvenciona a los trabajadores pobres. Con la finalidad que los desempleados trabajen aunque sea en un empleo precario, el que el individuo tenga un trabajo se ha convertido en una condición para que pueda recibir la prestación, que completa el insuficiente salario.
-- Puesta en marcha de las políticas de activación y no solo en relación con la política de protección por desempleo. En este sentido, se condicionan las prestaciones (rentas mínimas, subsidios,... etc.) a que el individuo tenga un comportamiento "activo" (buscando un empleo o de otro forma). Aún así, estas políticas son muy distintas según los países y mientras en algunos lugares tiene un enfoque negativo, de castigo, en otros su filosofía es la contraria.
-- Flexibilización laboral: básicamente se facilita el uso de contratos a tiempo a tiempo parcial o de duración determinada.
-- Facilitación del autoempleo

2) Recortes y remercantilización
-- Especialmente en las pensiones públicas: retraso de la edad de jubilación, fomento de los planes de pensiones privados obligatorios y voluntarios, reducción de la cuantía de la pensión, debilitamiento del sistema de reparto (que es el que tenemos aquí)
-- En la protección por desempleo, se recorta la prestación en cuantía y duración, se desvincula de la carrera contributiva previa (para que haya menos resistencias a su recorte), se acorta el tiempo en que se reciben la prestación contributiva y se alarga el subsidio no contributivo, que es menos generoso.
-- Privatizaciones, introducción de libre elección y el copago en educación y sanidad que, en general, traen como consecuencia la remercantilización (hacer a la gente más dependiente del mercado para satisfacer su necesidades)
--  Recorte del gasto farmacéutico (lo incluyo porque este gasto tiene un nada desdeñable efecto redistributivo)

3) Nuevas políticas de protección para colectivos específicos: familias, niños, mujeres, ancianos y desfavorecidos
-- Mientras en algunos países la desregulación está trayendo como consecuencia un fuerte aumento de la pobreza y la desigualdad (y de la dualización del mercado de trabajo), otros, previendo estás consecuencias están tratando de mejorar la protección a los trabajadores precarios (que antes no tenían derecho a desempleo, por ejemplo).
-- Desarrollo de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, con especial, el apoyo a las mujeres y a las madres o padres solos.
 --  Atención a la dependencia, en especial en relación con los ancianos
-- Apuesta muy decidida en algunos países por políticas de lucha contra la pobreza, especialmente la pobreza infantil.
-- La creciente evidencia empírica que relaciona la pobreza con la falta de oportunidades desde la infancia ha hecho a apostar a algunos por mejorar la atención a los niños desde los primeros momentos de la vida. Esta será previsiblemente una política estrella en los próximos años.

Propuestas para repensar el Estado de Bienestar

A partir de la crisis de 2008, el futuro del Estado de Bienestar (EB) se observa con incertidumbre, en particular por parte de quienes viven en los países del sur de Europa. De entre todos los actores políticos y sociales, hay uno, la socialdemocracia, de quien especialmente se esperarían propuestas sólidas de adaptación del EB tradicional, y más si ésta realmente ha asumido, como a veces parece haberlo hecho, que la globalización y la post-industrialización hacen inviable el EB tal y como lo conocemos. En contra de lo que pudiera parecer ahora no existe un único camino posible por el que pueda transitar el Estado de Bienestar (EB).

Una opción claramente reconocible en el debate es la de quienes piensan que si es necesario mantener un EB, éste tiene que ser mínimo. Por un lado, en opinión de algunos la responsabilidad para garantizar el bienestar debe devolverse a la comunidad. Se aboga por la desburocratización y la auto-gestión comunitaria de forma que ésta esté más localizada y sea menos jerarquizada. Por otro lado, los neoconservadores y los neoliberales son, por ejemplo, partidarios de que la responsabilidad por el bienestar recaiga en las familias y en los mercados, mientras que el alcance del Estado debe limitarse a la provisión de la seguridad colectiva frente al exterior, la preservación de la ley (normas que regulan la propiedad privada y los contratos, esencialmente) y el orden, y la provisión de aquellos bienes públicos que el mercado no puede proporcionar de forma eficiente (p. ej., construcción de carreteras o seguridad interior). Como mucho, el Estado podría intervenir como última red de protección social, cuando los otros mecanismos han fallado.

Sin embargo, estas propuestas presentan numerosos problemas prácticas y sustantivos. Por ej., problemas derivados de los riesgos de la informalidad en la prestación de los servicios como la falta de continuidad en los mismos o la arbitrariedad –-ambas mejor garantizadas por el aparato estable e impersonal del Estado--; de la inequidad a que pueden dar lugar soluciones demasiado locales; la falacia de la libre elección ya que ésta se limita solo a los más afortunados económicamente, mientras que los servicios públicos mal dotados o financiados se queden para los que no pueden elegir por disponer de menos recursos económico o sociales; o, entre otras muchas críticas, el alto riesgo de reproducción de las desigualdades derivadas de la familia donde se nace, si no existe ningún mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades. Debido a los problemas mencionados, la socialdemocracia no parece que pueda aceptar las dos propuestas relacionadas con el Estado mínimo.

El Estado de Bienestar orientado a la inversión social, basándose en propuestas de Giddens y/o Esping-Andersen, parte de la idea de “preparar” más que “reparar”. En la era del conocimiento, el aprendizaje continuo (y en cierto modo la auto-reinvención) a lo largo de la vida, se convierte en una necesidad básica para lograr navegar con éxito en un economía distinta, en la cual, mal que nos pese, la seguridad (del empleo y otras) ha dejado de existir y han surgido nuevos riesgos sociales (derivados del nuevo papel de la mujer, de la postindustrialización, de la inmigración, del envejecimiento, entre otros...). En este contexto y frente a la visión neoliberal, en la que las políticas sociales son vistas como un rémora y un coste que hay que minimizar, esta propuesta, que aspira a convertirse en el nuevo paradigma inspirador del EB del siglo XXI, considera que las políticas sociales pueden utilizarse estratégicamente para contribuir al crecimiento económico y del empleo a la vez que a satisfacer sus objetivos inmediatos de luchar contra la desigualdad y la pobreza.

El énfasis se hace en políticas que inviertan en capital humano (la educación temprana de los niños, basada en la evidencia que sostiene que la escolarización temprana previene la pobreza y la desigualdad, y  la formación constante, a lo largo de toda la vida) y en otras que hacen más eficiente el capital humano (a través de políticas de apoyo a las mujeres y los padres o madres solos, las políticas activas de empleo y la llamada flexiseguridad, la vejez activa, la integración de los inmigrantes y la modernización administrativa). Algunas críticas sostienen que estas propuestas suponen mayor intervención del Estado y otras, casi opuestas, le acusan de entrar en la lógica neoliberal. Sin embargo, en relación con las últimas, Morel, Palier y Palme (2012)* argumentan que existen diferencias sustantivas tanto en el diagnóstico de los problemas como en las soluciones y sus objetivos. La equidad se presenta como un elemento clave o las políticas de activación laboral no sustituyen sino que complementan las tradicionales políticas de protección. Además, la universalidad y la perspectiva de un Estado que acompaña a lo largo de la vida son centrales en esta propuesta.

De manera mucho más sintética de lo merecen, también tienen interés las ideas sobre el bienestar basado en dotaciones universales de capital o renta. Esta última, implica la concesión de un renta básica sin ninguna condición a cada ciudadano. Se justifica porque una parte de la riqueza de cada generación es el resultado del conocimiento acumulado de las generaciones anteriores y del uso de recursos que, como el medio ambiente, son patrimonio de toda la sociedad y por los cuales todos merecen ser compensados. La primera consistiría en dotar a cada ciudadano de un capital básico determinado (para algunos se trata de capital social, en el sentido de habilidades, etc…, para otros de capital real -existen propuestas de entre 1.000 y 80.000$-) al cumplir la mayoría de edad que sería financiado a través de los impuestos, que el ciudadano podría utilizar de diversas maneras (algunos proponen que se limiten a aspectos relacionados con el bienestar) y con la finalidad última de evitar condiciones desiguales de partida y aumentar la autonomía personal. Aunque estas propuestas han sido criticadas, algunas iniciativas de política pública se basan en gran medida en esta idea, p. ej., las ayudas que se conceden por nacimiento.
* Nathalie MOREL, Bruno PALIER y Joakim PALME (eds.) 2012: Towards a social investment Welfare State. Ideas Policies and Challenges. Bristol, The Policy Press.

Balance de la educación en España 2008-12 (algún dato para poder opinar con fundamento)

    Mientras España tiene buenos resultados en relación con la equidad de acceso al sistema educativo, estando entre los mejores países de la OCDE (ver datos más abajo procedentes del informe Social Justice in the OCDE 2011), sus resultados en términos de rendimiento educativo dejan todavía mucho que desear (ver datos más abajo del Informe Pisa, MEC 2010). El abandono escolar sin haber obtenido un título de secundaria era en España en 2010 más del doble que el de la UE-27 (28.4 frente a 14,1% en 2010), en buena medida debido a nuestro fantástico sistema productivo que alentaba a muchos jóvenes a abandonar la escuela para ganar dinero en el construcción o derivados (encontrándose ahora en medio de la crisis SIN trabajo y SIN formación para encontrar un nuevo empleo).

    Entre los principales desafíos del sistema educativo, algunos sugeridos por la UE, pueden citarse: bajar la proporción de jóvenes de 15 años que no alcanzan un nivel mínimo en las competencias básicas para el aprendizaje y reducir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. Igualmente, es necesario incrementar la escolarización de niños entre 0-2 (pues existe evidencia científica sobre que la escolarización temprana mejora el desarrollo intelectual sobre todo de los más desfavorecidos, correlaciona negativamente con el abandono escolar y positivamente con la evitación de pobreza) y la cantidad de titulados en carreras técnicas (ver informe del Consejo Económico y Social para 2011, CES 2012).

    Además de las iniciativas relacionadas con la educación infantil (que se verán en una entrada dedicada a las políticas de familia), la principal aportación del Gobierno del PSOE fue el incremento de las becas, tratando de frenar el abultado abandono escolar. El gobierno duplicó la cantidad dedicada a las becas desde 2004 a 2010 (de 739 millones de euros a 1.529). Ya con en el marco de la crisis y la nueva realidad socioeconómica, aprobó algunas otras medidas que pretendían impulsar la formación profesional, muy deficitaria en España. Sin embargo, en los últimos años, los presupuestos de educación han disminuido en unos 3000 millones de euros (un 15% por estudiante) a pesar de que el número de estudiantes, especialmente los de los centros públicos, se ha incrementado (CES 2012).

    El Gobierno de Rajoy aprobó en mayo de 2011 una serie de medidas urgentes de racionalización del gasto público en educación que afectaban a las CCAA e incluían algunas como el aumento de un 20% del número de alumnos por clase, el incremento de las horas lectivas del personal docente y otras que aplazan o cancelan compromisos adquiridos a veces en leyes orgánicas. La mayoría de las CCAA han realizado recortes en 2012 que incluyen desde despidos de profesores, a recortes salariales, paralización de la construcción de nuevas infraestructuras y de la mejora de las existentes o reducción del presupuesto de funcionamiento cotidiano de los centros. En algunas de ellas han desaparecido programas de becas comedor o para la compra de libros o de apoyo para determinados colectivos. Muchas de las medidas mencionadas se aplican también a la enseñanza universitaria.

    La educación es un sector extremadamente polémico en España, donde el cambio de normas educativas básicas coincide con los cambios de color en el gobierno. El Gobierno del PP también pretende, entre otras reformas, adelantar un año para todos la bifurcación entre bachillerato y FP, es decir, modificar la comprehensividad a pesar de las recomendaciones de la OCDE (2012) según las que hay que “evitar la separación temprana y diferir la selección de estudiantes hasta la educación media superior” (ver por ej. Fernández Enguita en El País o los trabajos de M. A. Alegre).

    Todas las medidas de recorte han dado lugar a una gran movilización social y a la denominada “marea verde” en defensa de la “escuela pública”. Algunas de ellas han sido recurridas ante el T. Constitucional por vulnerar las competencias educativas de los gobiernos regionales. A finales de julio de 2012, al menos el recurso presentado por  Navarra había sido admitido a trámite. Algunos han sostenido que existe cierto margen para el recorte del gasto y que lo importante no es tanto su cuantía sino la estrategia de cómo gastarlo. Sin embargo, debe recordarse que España tiene desafíos muy serios en educación, a los que países con un nivel de gasto similar al nuestro antes del recorte ya habían respondido hace tiempo. Cabe preguntarse si se podrá hacer más que los demás con menos y un personal desmotivado y mermado o, por el contrario, si se deshará el camino ya andado en materia de equidad.

Un balance de la sanidad entre 2008 y 2012 (datos para poder opinar en las tertulias con fundamento)

La semana pasada proponía un Breve balance de situación del Estado de Bienestar español (datos para poder opinar en las tertulias con un poco de fundamento) y me comprometía a profundizar en esos datos política por política. Empiezo hoy con la sanidad (aunque no me resisto a recordar que se estima que gastaremos 212.000 millones de euros en sanear la banca mientras que el último recorte de Rajoy es de 65.000 millones ¡imaginen lo que podría hacerse en educación o sanidad con la primera cifra!).

A pesar de que la mayoría de los españoles habría afirmado que el sistema sanitario (SNS) era de cobertura universal, lo cierto es que no alcanzó tal naturaleza hasta julio de 2011 en la Ley General de Salud Pública, mediante la que el Gobierno de Zapatero con el apoyo del arco parlamentario reconoció la protección sanitaria a los 200.000 ciudadanos (alrededor de un 0,5 de la población) que carecían de ella, entre ellos desempleados sin prestación y profesionales autónomos. Sin embargo, ésta parece haber sido la última buena noticia en el sector.

Tanto el Gobierno Central como la mayoría de las C. Autónomas (CCAA) han actuado sobre la sanidad estos años. Un primer conjunto de medidas ha pretendido reducir nuestro abultado gasto farmacéutico que es uno de los mayores del mundo (OCDE 2011). Como reconoce la Ministra de Sanidad, uno de cada 4 euros en sanidad se gasta en farmacia y representa la causa principal de la deuda sanitaria española (recuérdese, sin embargo, que el peso de la sanidad en el conjunto del PIB español es menor que el de los países de nuestro entorno y a pesar de ello tenemos un sistema sanitario eficaz y eficiente a juicio de la Organización Mundial de la Salud y los ciudadanos (datos del Eurobarómetro). Estos datos en gráficos se pueden ver más abajo.

El gasto farmacéutico tiene un fuerte impacto redistributivo y por ello las actuaciones sobre él no deben considerarse marginales. En 2010, el Gobierno del PSOE trató de contener este gasto mediante la aprobación de varias medidas como la obligación de recetar por principio activo o la imposición de rebaja de precios a la industria farmacéutica. Estas medidas, que preveían alrededor de 5.000 millones de euros de ahorro, no fueron sin embargo eficaces, debido entre otras razones a la enorme presión de la Industria Farmacéutica.

Ya con el Gobierno del PP, el RDL 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones contiene más iniciativas destinadas a conseguir más el primer objetivo que menciona, a través del ahorro de unos 7.000 millones de euros, que el segundo. Estas medidas pueden calificarse de un recorte claro que tendrá un impacto serio en la ciudadanía. En lo que se refiere al gasto en farmacia, la norma apuesta por un incremento del copago farmacéutico para los trabajadores activos (entre un 40 y un 60% del precio según su renta), introduce el copago a  los pensionistas (entre 8 y 60 euros al mes según la renta), deja de financiar 456 medicamentos y parte de otros productos farmacéuticos como prótesis, productos dietéticos y el transporte en ambulancia para casos no urgentes. Según algunos cálculos el gasto farmacéutico sufragado por los pacientes se doblará, pasando del 6 % actual a  un 12% y, lo peor es que en algunos casos es probable que el gasto aumente porque los pacientes presionarán para que se les receten fármacos financiados.

Más allá del gasto farmacéutico, en esta norma se excluye de la asistencia sanitaria a la población inmigrantes de más de 18 años en situación irregular, teniendo únicamente acceso a las urgencias en casos de enfermedad grave o accidente y en asistencia al embarazo, parto y postparto. El Gobierno tuvo que corregir la exclusión de algunos colectivos concretos que con la norma mencionada quedaban sorprendentemente sin protección (como los mayores de 26 años que no hubieran cotizado y no pudieran demostrar la falta de recursos). Aún así, hoy están protegidos todos los que residan legalmente en España salvo los que no han cotizado antes y tengan rentas inferiores a 100.000 euros. Todas esas exclusiones no dejan de ser llamativas y muy preocupantes en un país donde se supone que la sanidad es universal.

El País Vasco, por ejemplo, ha asegurado mediante norma (Decreto 114/2012, sobre el régimen de  las prestaciones sanitarias del SNS en el ámbito de la CA Euskadi) la cobertura de toda la población residente en la CA incluidos inmigrantes en situación irregular y la no aplicación de los copagos farmacéuticos o la exclusión de medicamentos. Pero lo cierto es que la mayoría de las CCAA han anunciado todo tipo de recortes (personal, prestaciones, horarios de atención o cobertura), tasas (ej. de renovación o extravío de la tarjeta sanitaria) y copagos (ej. el céntimo sanitario), importantes privatizaciones que aunque pueden disimular la deuda los primeros años, a medio plazo aumentarán el gasto sanitario (ver Pollock, Hellowelly) y otros cambios significativos y graves como la alteración de los criterios de planificación sanitaria en el caso de Madrid.

 

En la práctica y para finalizar, los recortes en este ámbito alteran el caracter univerasl de la sanidad, con bastante seguridad conducirán a la existencia de varios modelos sanitarios no solo entre los ciudadanos de distintas CCAA sino también entre los de diferente nivel de renta y modificarán muy a la baja la capacidad redistributiva del gasto sanitario, lo que hará que aumente la desigualdad (recuérdese que España es uno de los países con más desigualdad) y la pobreza (también estamos entre los campeones de la pobreza como vimos en la entrafa anterior). Posiblemente ello supondrá un deterioro de la calidad objetiva y de la calidad percibida de nuestro sistema sanitario, que hasta ahora estaba situado entre los mejores del mundo (ver gráficos abajo) y, lo peor de todo, un deterioro de la salud de los ciudadanos. Lo más frustrante es que estas medidas podrían haberse sustituido por otras sin un impacto tan negativo (ah! y recuerden los 212.000 de la banca).

 

Breve balance de situación del Estado de Bienestar español (datos para poder opinar en las tertulias con un poco de fundamento)

   
No se puede negar que en España se han despilfarrado recursos públicos ¿se puede llamar de otra forma al “aeropuerto para personas” de papi Fabra u otros muchos monumentos al despropósito? Sin embargo, la crítica sobre el derroche no puede extenderse al llamado Estado de Bienestar (básicamente sanidad, pensiones, educación, familia, políticas contra el desempleo y la pobreza). Creo que hay confusión y ruido, seguramente interesado, en lo que se dice sobre el alcance del EB en España. Por ello he preparado un resumen (me disculpo porque es un poco largo y necesariamente incompleto por el espacio limitado) sobre el alcance de nuestro EB y/o sus problemas.  
     El EB español se ha desarrollado de forma considerable desde la restauración de la democracia. Si se observa un indicador habitualmente utilizado para medir el alcance del EB, puede comprobarse que en España el gasto social como porcentaje del PIB ha pasado de alrededor del 8% en 1973 a entre el 21 y 24% en los últimos años (en 1973 en Francia y Alemania se gastaba ya un 23 y 28% respectivamente) En la otra cara de la moneda, si la presión fiscal en 1965 era del 15%, ésta ha llegado en los momentos más álgidos a alrededor del 35 o 36% del PIB en España. Ello además ha ocurrido en un contexto de crecimiento acelerado del PIB español.
     Sin embargo, y a pesar de que los países más importantes de la UE hicieron un ejercicio de contención del gasto social durante los 80 e incluso lo recortaron después de 1995, el EB español nunca logró darles alcance (gastamos alrededor de 7 u 8 puntos menos que la media de la UE-27 y la presión fiscal es menor que en otros países como Francia). En concreto, gastamos 8,7 puntos menos que Suecia que estos días se pone como ejemplo de contención del EB desde FAES (datos 2008). Los carencias del EB español han sido suplidas por la familia y, muy especialmente, por las que se han llamado las “supermujeres mediterráneas” que han asumido el cuidado de hijos y ancianos y, hoy de sus nietos (alrededor del 21% de las mayores de 65 años, unas 880.000, cuidan de sus nietos habitualmente).
     Este rasgo familista, el desarrollo tardío e incompleto del EB español hace que en las clasificaciones internacionales comparadas se nos sitúe junto a Grecia, Portugal e Italia, lejos de otros países con sistemas mejores o más acabados (como Reino Unido, Francia, Alemania o Suecia). Nuestro EB tiene numerosos problemas derivados de: 1) su todavía bajo nivel de desarrollo; 2) los nuevos cambios sociales que encaran también otros países (nuevos riesgos sociales) 3) la crisis:

 Sobre Educación:

• Los resultados en materia de equidad están entre los mejores de la OCDE (Europa Sustainable Governance Indicators 2011)
• Sin embargo, en calidad están por debajo de la media (aunque más cerca de los mejores países, PISA)
•  Gasto: alrededor del 5% del PIB frente a un 5,5% de la UE-27 (Eurostat 2009)
• Enorme abandono escolar: 28.4 frente a 14,1% de la UE-27 (Eurostat 2010)

Sobre Sanidad:

• El Sistema de Salud figura entre los mejores del mundo (OMS –equidad, calidad y eficiencia-, otras consultoras privadas como Health Consumer Powerhouse y también la valoración de los ciudadanos (Eurobarómetro)).
• Gasto: 30% del gasto social frente a un 29% de la UE-27 (Eurostat)

Sobre pensiones:

• Gasto en jubilación: 30% del gasto social frente a 39% UE-27 (Eurostat)
• Problema de sostenibilidad futura porque somos uno de los países del mundo desarrollado más envejecido (esperanza de vida 81,8 años frente a 79,4 UE-27; fecundidad: 1,46 hijos por mujer en edad fértil en 2008, 1,39 en 2009 y 1,38 en 2010 y 2011 –en Francia 2,1 hijos por mujer-). (Eurostat), además
• El desempleo ocasiona que pocos cotizantes tengan que sostener a un número creciente de pensionistas. 
• Hoy muchas mujeres ya trabajan, se jubilaran a los 67 ¿quién cuidara de los hijos, nietos...?

Sobre Familia:

• Tradicionalmente desatendida en España. Gasto: 3% del gasto social exactamente la mitad que en la UE-27 (Eurostat).
• En comparación con otros países, gran escasez de plazas en escuelas infantiles para 0-3, lo que dificulta la conciliación para las mujeres que tienen elegir entre trabajo y empleo. Por ello, tanto mujeres como niños,  ahora y en el futuro tienen mayor riesgo de pobreza (sabemos que más años en el sistema educacativo disminuyen el riesgo de pobreza, en cuanto a las mujeres si no trabajan no tendrán prestaciones).
• La situación hace que no se pueda avanzar tampoco en igualdad de género.
• Poco apoyo a la natalidad con ayudas u otras herramientas como los bajas y permisos en comparación con otros países

Sobre Dependencia:

• Política muy desarrollada en los otros países y nada en España hasta 2007. Los últimos recortes la hacen prácticamente desaparecer.
• Serio desafío para la atención a un gran número de dependientes mayores que pasarán a ser el grueso de la población en unos pocos años. Este problema será  crítico entre 2030 y 2049, periodo en que se habrá jubilado la numerosa generación de los niños del baby-boom

Sobre Desempleo:

• Gasto: alrededor de 14% del gasto social (5% UE-27), no es que seamos generosos, es que tenemos muchos parados (Eurostat).
• Desempleo y tasas de temporalidad doblan a la UE-27 (Eurostat)
• En jóvenes, especialmente de baja cualificación, se disparó a partir de 2008 por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Muchos de ellos abandonaron la escuela y les será difícil encontrar un empleo por carecer de cualificación. Se verán especialmente perjudicados cuando al final de su vida laboral comprueben que tienen una carrera contributiva insuficiente para tener derecho a determinadas prestaciones.
• Políticas activas (además de recortadas), basadas en el castigo e ineficientes (frente a las de otros países).

Sobre Jóvenes (más)

• Desempleo, inestabilidad laboral y precio de la vivienda inciden en la tardía emancipación y en el retraso de la maternidad (Finlandia: la edad de abandono del hogar es de 22,5 años, en España es de 28,8 La Caixa 2012).

Sobre Pobreza y desigualdad

• En 2008 20% de la población frente a 15% UE. Crece a toda velocidad con la crisis (Eurostat).
•  Datos vergonzantes: entre los niños 23,15% y entre los mayores 23,32% (Eurostat).
• Crece el número de trabajadores pobres
• España entre los países de la UE-27 con más desigualdad y ha crecido con la crisis (Eurostat).
• Gasto en políticas contra la pobreza: 1%  del gasto social frente a 1,2% UE-27 (Eurostat).
• También en vivienda social gastamos la mitad que la UE-27 (Eurostat).

Finalmente, esta es nuestra posición en el índice de justicia social elaborado por la Fundación Bertelsmann en 2011 ( puesto 26 de 31, sin comentarios):

 

¿Es desincentivadora la prestación por desempleo?

    Rajoy justificó el recorte de las prestaciones por desempleo (PxD) aludiendo a su efecto desincentivador ¿Qué sabemos sobre éste y otros efectos de las PxD? 

     Dos asuntos han interesado a quienes estudian las PxD: 1) su efecto en el mercado de trabajo; 2) sus consecuencias socio-económicas en un sentido más amplio. 

     
    1) Las PxD son una forma de intervención indirecta en el mercado de trabajo con consecuencias positivas y negativas. Respecto a las positivas, las PxD contribuyen a la estabilización de las relaciones de producción y a sostener sectores de demanda estacional y gran rotación de trabajo, que de otra forma serían poco atractivos para los trabajadores (Muñoz de Bustillo 2005). Estabilizan la demanda agregada en época de crisis, lo que ayuda a mantener los empleos. Favorecen un mejor ajuste entre los conocimientos y habilidades de la gente y las necesidades reales del mercado, ya que los desempleados pueden ser algo más cuidadosos a la hora de seleccionar un trabajo haciendo que éste sea más eficiente y productivo. 

    En relación con las consecuencias negativas, durante mucho tiempo, de la mano de la teoría neoclásica, ha predominado la idea de que las PxD pueden desincentivar la vuelta al mercado laboral. Atkinson y Micklewright (1991:1722) descubrieron que no era posible confirmar los efectos desincentivadores, que las PxD pueden tener efectos positivos y que, en cualquier caso, para conocer su efecto real en diferentes países éstas debían analizarse junto con otros componentes del mercado de trabajo y las características de las distintas formas de PxD. Las investigaciones interesadas por cómo las distintas características de las PXD (cobertura, generosidad y duración) afectan a las decisiones de los desempleados son: 

• Layard et al. (2005) hay una relación entre la duración y la proporción de desempleo de larga duración, 
• Howel et al. (2005) el efecto de la duración está más bien relacionado con otras características de las prestaciones, pero, en cualquier caso, una larga duración tiene a veces efectos positivos reduciendo el desempleo
• Nickell (1997) una elevada cuantía está relacionada con una mayor tasa de desempleo pero al mismo tiempo hace más atractiva la participación en el mercado de trabajo 
• Carling et al., (1996) a menos generosidad más incentivos para dejar el mercado de trabajo 
• Nickell (2005) y Nunziata (2002) hay una correlación significativa entre las prestaciones de desempleo y los ratios de desempleo. Pero Baker et al. (2004) no encontraron una clara relación. 
• Belot y van Oirs (2002) más generosidad puede traer menos desempleo.  

    La introducción de incentivos negativos y castigos a los desempleados es sorprendente en época de crisis, cuando la abrumadora mayoría de parados trata desesperadamente de encontrar un empleo que no existe. Estos mecanismos pueden criticarse no solo por suponer un recorte de derechos para los trabajadores, sino por estigmatizar a quienes no son capaces de integrarse en el mercado de trabajo. Pero sobre todo deben criticarse por responder a una justificación ideológica más que empírica. En cualquier caso, en aquellos países donde se han endurecido las condiciones para acceder a las PxD, esto ha ido acompañado de políticas de activación positivas (veremos en otra entrada), justamente las políticas que este Gobierno recortó hace unos pocos meses en 1.557 millones.      

     2) Respecto a las consecuencias socio-económicas, la calidad de las PxD, junto con otras políticas y factores estructurales, contribuye significativamente a explicar las diferencias en ratios de pobreza y desigualdad a lo largo del tiempo en distintos países (Castles 2008, Pfeifer 2012). Chimeriene et al. (1999), tras analizar el efecto de la PxD a lo largo de 30 años en EEUU, muestran que estabilizan la economía, evitando fluctuaciones en periodos de contracción económica ya que consiguen que el ingreso disponible en los hogares esté sometido a una menor volatilidad y el consumo puede mantenerse más estable. Dolls et al. (2009) demuestran que las PxD ha sido capaces de absorber el 32% del declive económico europeo. Sin embargo, este papel estabilizador puede verse reducido si los hogares tienen incertidumbre respecto a las condiciones de la percepción de las PxD o cuando las condiciones para recibirlas se endurecen o su nivel se reduce. Bäckman (2005) encuentra que las PxD explican una parte importante de las variaciones en los tasas de pobreza tanto comparativamente entre países como a lo largo del tiempo: el recorte de las PxD tiene un efecto negativo en el riesgo de pobreza, incrementándolo.

Burofobia y funcionarios cornudos y apaleados

    El presidente Rajoy anunció ayer nuevos recortes. De este anunció hay muchas aspectos que preocupan, pero quizá lo más importante de todo tiene que ver con sus consecuencias a medio y corto plazo. En cuanto al medio plazo, muchos dudan de la eficacia de tales recortes para la economía española y piensan que otras medidas hubieran sido más acertadas (subir los impuestos a determinados colectivos, liquidar Bankia evitando un préstamo tan leonino, pasando por otras propuestas razonables). Mientras vemos qué pasa, también hay que preocuparse por las consecuencias a corte plazo de estas medidas. Me referiré hoy a las tomadas en relación con los empleados públicos pero para ilustrar mi argumento empezaré recordando el recorte en las prestaciones por desempleo. 

    Rajoy ha anunciado el recorte de la prestación por desempleo. Este anuncio tan negativo para montones de familias se ha justificado como una medida para evitar el efecto desincentivo de las prestaciones. Como es sabido desde el trabajo clásico de Atkinson y Micklewright (1991) este efecto no está nada claro. El presidente ha mentido (también ha mentido al decir que ésta es la dirección en Europa -lo explicaré en una entrada próxima sobre políticas de empleo-). Entre el insulto y las mentiras, estos ciudadanos han debido sentirse cornudos y apaleados: no solo están en la situación desesperada de no encontrar empleo sino que además se les llama vaguetes delante de la sociedad y ¡de sus hijos! 

    Los empleados públicos han visto hoy nuevamente recortado su salario y ampliada su jornada laboral. El recorte de la paga extra de navidad afectará a todos ellos, incluidos a aquellos que ganan menos de 1000 euros al mes y será independiente de sus circunstancias personales. El presidente ha anunciado con cara de circunstancias que esta medida afectará también a los altos cargos, pero habría que recordarles que mientras para estos la extra es eso, un extra que les permite irse un fin de semana a París, para los primeros la extra es un dinero de supervivencia. 

   Como los desempleados, los empleados públicos se sienten además de cornudos, apaleados y lo más triste es que nadie asume su defensa justa. Para legitimar los recortes (que no reformas de la administración), los políticos del ¡PSOE! y del PP y los medios de comunicación no han elegido un bonito discurso que podría haber apelado al deber o al necesario y reconocido sacrifico de este colectivo con vocación de servicio en tiempos de crisis, en el que se hubiera agradecido el buen hacer de la inmensa mayoría de ellos. Al contrario, se ha utilizado a los funcionarios como los chivos expiatorios, los causantes de la crisis, se ha ridiculizado al juez, al cirujano, al policia, al maestro, al científico, al trabajador social ¡por trabajar al servicio de la sociedad! y por no aspirar a ser “emprendedores”, se ha generalizado el insulto tachándoles de vagos, perezosos e incluso maleantes, se les ha dicho que chupan del bote. 

    Se trata de una postura estúpida en realidad. Si queremos ser un país desarrollado tenemos que tener empleados públicos y entre ellos a funcionarios. Solo así se evita la politización, ya que los políticos no pueden cambiar a los empleados públicos cada vez que ganan las elecciones (el llamado sistema del botín propio del siglo XIX o en la actualidad del tercer mundo). Solo así se garantiza la continuidad del servicio público, que los servicios tengan cierta calidad y eficacia que dejados al mercado nunca alcanzarían o la eficiencia (en realidad son muy baratos). 

    Seguramente, con este discurso el PP ganará votos procedentes de algún ultra pero lo hará a costa de extender la burofobia (*ver abajo) que tan fácilmente compran casi todos los medios de comunicación. Sin embargo, el riesgo es elevado. Cuando el insulto y la crítica se generalizan la desconfianza ciudadana en la administración y en el sistema se hace más intensa porque se refuerza el estereotipo negativo (o falsa generalización) contra la administración. Los servicios públicos están experimentado severos recortes que terminaran afectando a su calidad. Estos sufren además más demanda prestacional porque hay más parados y más padres que no pueden pagar la escuela privada. Sin embargo, la estrategia del gobierno es la del desprestigio de quienes están a diario al pie del cañón y quienes tienen que dar más cada día para que las cosas funcionen mejor. 

    Garret et al. (2006) demostró que los empleados públicos estaban más preocupados y sentían más animosidad por el apaleamiento al que eran sometidos por los políticos y los medios de comunicación que por los propios recortes que les afectaban. Existen numerosos trabajos que analizan el impacto muy negativo de este desprestigio a grupos específicos de empleados públicos, tales como la policía o los maestros. Después de leerlos no me gustaría que me robaran hoy, ni que mi hija tuviera que ir al cole, ni que me el cirujano tuviera que oponerme. En relación con los ciudadanos, se crea un ambiente de hostilidad y sospecha que hace que la prestación de servicios y la implementación de las políticas sea más difícil. Además se hace cada vez más complejo reclutar, ya no solo a los mejores, a aquellos que tienen una buena formación y vocación de servicio público, sino simplemente reclutar, incluso recaudar impuestos. 

(*) La Burofobia (tener una imagen negativa de la administración pública o de los empleados públicos que resiste incluso las experiencias positivas que los ciudadanos tienen en su relación con ella) es un fenómeno universal que existe también en los países más desarrollados. En un trabajo reciente realizado por investigadores españoles se demostró que el 25% de los ciudadanos en España es burófobo en el sentido expuesto.

¡El gobierno agudiza el ingenio! 14 estrategias para recortar y evitar la resistencia de la ciudadanía

En la entrada de la semana pasada se identificaron 10 estrategias que utilizan los gobiernos recortadores del Estado de Bienestar para evitar ser castigados en las urnas por parte de los ciudadanos:

1) Deja para mañana lo que puedas hacer hoy
2) No hay bien que por mal no venga
3) Más vale tarde que nunca
4) Escurrir el bulto
5) Yo no he sido o busca un chivo expiatorio
6) Subirse –o bajarse- del carro a tiempo
7) Cerrar filas
8) Sujétame que no respondo de mí
9) Yo no quería pero los datos hablan por si solos
10) No hay más remedio, de todas formas habrá que hacerlo

¡Hay que reconocerlo: los gobiernos agudizan el ingenio! Ahí van otras 4 nuevas identificadas esta misma semana:

11) Agostidad y alevosía, cuando el gobierno trata de retrasar los recortes al mes de agosto u otros periodos vacacionales para esquivar la movilización social.
12) Divide y vencerás, que consiste en fragmentar a la ciudadanía con los recortes, enfrentando por ejemplo la suerte de los empleados públicos con la de los trabajadores del sector privado, la de las escuelas públicas con las concertadas, los ricos con los pobres, intentando que todos se olviden de que el Estado de Bienestar produce beneficios a toda la ciudadanía en su conjunto y cuesta menos de lo que vale.
13) Los niños y las minorías primero…. que consiste en recortar primero prestaciones y servicios de los más desfavorecidos y las minorías (por ejemplo, los discapacitados) que no tienen detrás ningún grupo de presión o si lo tienen es minoritario y cuya capacidad de movilización es más pequeña.
14) Diversifica los riesgos, también con el fin de evitar la movilización en Estados de tipo multinivel como el español, el gobierno puede aliarse con los gobiernos subnacionales de su mismo color con el fin de hacer reformas en distintos momentos del tiempo. Así, por ejemplo, los maestros de Madrid no salen a manifestarse el mismo día ni en el mismo lugar que los de Valencia.

Continuará…. Siguiente entrada ¿Cómo se puede combatir o neutralizar estas estrategias? ¡Se aceptan ideas!

10 estrategias para recortar el Estado de Bienestar y no perder las elecciones en el intento

En entradas anteriores se ha llamado la atención sobre que los políticos están atreviéndose hoy a recortar el Estado de Bienestar incluso a pesar de que esto sea impopular (ya se vio en una entrada anterior que los ciudadanos siguen apoyando el Estado de Bienestar). ¿Por qué lo hacen si así se arriesgan a peder votos?

Aunque realmente los políticos quisieran satisfacer los deseos de los ciudadanos, no puede decirse que la opinión pública sea el único factor del que depende la adopción de medidas relativas a la reforma del Estado de Bienestar. La capacidad de decidir de las elites se encuentra constreñida debido al peso creciente en las decisiones de otros actores y factores, como los lobbies económicos y financieros que, por ejemplo, financian buena parte de las campañas electorales en algunos países, las instituciones internacionales, otros grupos de interés, las prioridades de los propios funcionarios públicos o la situación de partida de la economía, entre otros muchos. 

Además, los gobiernos han aprendido a esquivar el castigo de la opinión pública después de las frustradas experiencias pasadas de recorte de los años 80. Se han identificado al menos 10 estrategias que utilizan los gobiernos recortadores para evitar ser castigados en las urnas por parte de los ciudadanos: 

1) Deja para mañana lo que puedas hacer hoy, cuando el gobierno ha de adoptar una medida impopular respecto a un asunto, puede tratar de retrasar la entrada del tema en su agenda el máximo tiempo posible para así no generar situaciones de culpa. Las decisiones impopulares pesan más en el voto cuanto se adoptan más cerca del periodo electoral. Un ejemplo reciente de esta estrategia en España es el deliberado retraso de los presupuestos generales del Estado que contenían sustanciosos recortes en políticas sociales hasta después de las elecciones andaluzas.

2) No hay bien que por mal no venga: se puede redefinir el tema, de modo que las pérdidas se presenten como ganancias. Un recorte en las pensiones, por ejemplo, se presenta como una medida de garantía de la sostenibilidad del sistema. 

3) Más vale tarde que nunca: si cualquier decisión que se tome implica pérdidas para los votantes y éstas no pueden evitarse ni suavizarse, el gobierno también puede tratar de comprar tiempo. El Gobierno de España tomó en 2010 la decisión de retrasar la edad de jubiliación que es una medida impopular. Sin embargo, utilizó la conocida estrategia de demorar el efecto de los recortes, de modo que solo los que se jubilen dentro de unos años verán que les ha costado más tiempo conseguir una pensión que es además menos generosa; estos percibían el recorte como demasiado lejano como para castigar hoy.

4) Escurrir el bulto, tratando de que sea otro quien asuma la decisión impopular. Esta estrategia puede ser útil en el caso, por ejemplo, de los Estados multinivel parecidos al español, donde el gobierno central puede pasar la pelota de los recortes a las Comunidades Autónomas. Como la mayor parte del presupuesto autonómico se destina a sanidad y educación, está claro que habrá que recortar en estas áreas, pero la culpa a ojos de muchos ciudadanos será de las CCAA.

5) El chivo expiatorio, se sabe que los gobiernos recortadores corren menos riesgos electorales cuando pueden encontrar a alguien a quien culpar de las decisiones impopulares. Lo más socorrido es culpar a tus predecesores pero también se puede acusar a otros. En la actual crisis se puede recurrir desde la UE, al FMI o países terceros, Alemania por su obsesiva austeridad o Grecia por arrastrar tras de sí a los países de sur, o, claro, los mercados internacionales.

6) Subirse –o bajarse- del carro a tiempo. Para qué apoyar al gobierno en recortes impopulares, incluso aunque se esté de acuerdo con ellos, si logrará aprobarlos porque dispone de mayoría suficiente en el parlamento. En este caso un partido de la oposición con expectativas reales de ganar las elecciones puede preservar su apoyos e incluso ganar nuevos votantes.

 7) Cerrar filas, si el gobierno se ve obligado a adoptar una decisión impopular, también puede tratar de conseguir apoyos con la esperanza de que el consenso difumine la culpa. Los partidos de derechas suelen resultar más sospechosos de querer liquidar del Estado de Bienestar pero si logran el apoyo de la izquierda, los ciudadanos tenderán a pensar que quizá el recorte era imprescindible. La estrategia resultará más necesaria si el partido que propone el recorte tiene enfrente a otro con posibilidades de ganar elecciones al que los ciudadanos consideran mejor defensor del Estado de Bienestar. Se trata de una estrategia más importante si el que gobierna lo hace por mayoría absoluta, puesto que si asume en soledad las decisiones impopulares, será visto como el único culpable.

8) Sujétame que no respondo de mi, la modificación del artículo 135 de la Constitución española en 2011 puede servir para ejemplificar esta estrategia. Mediante esta modificación se introdujo el principio de equilibrio presupuestario que prevé que el déficit estructural no sobrepase el  0,4%. Este principio ata las manos a los políticos sobre el déficit y siempre podrá ser invocado como excusa para justificar recortes.  

9) Yo no quiero pero los datos hablan por si solos, siempre se puede recurrir a la contabilidad creativa e incluso a las mentiras, usando los datos de manera torticera o utilizando la parte de los mismos que sea más conviene. En el caso del Estado de Bienestar, con la finalidad de justificar recortes, es frecuente usar los datos de fraude o abuso del sistema y los datos sobre lo que cuestan las prestaciones y servicios, dejando de lado los beneficios que producen.

10) De todas formas habrá que hacerlo, gobierne quién gobierne y todo será peor si no se hace. El gobierno del PSOE aducía que los recortes serían peores si el PP llegaba al gobierno y éste, una vez en el gobierno, amenaza con que si no se hacen los recortes, llegarán los “hombres de negro”, en alusión a los funcionarios de la UE, con propuestas mucho peores.
Ahora ya las conocemos ¿cómo desmontarlas?

Interesante libro sobre La herencia de Zapatero

Presentación del libro Colino, C. y Cotarelo R. -eds- (2012) España en Crisis: Balance de la Segunda legislatura de Zapatero. Madrid: Tirant Lo Blanch. 

Día 26 de junio, 18:30 en la Calle Bravo Murillo, 38, Madrid. 

El segundo mandato de Rodríguez Zapatero, entre 2008 y 2011, coincidió con la mayor crisis del capitalismo desde la de 1929. La economía entró en recesión en 2009 junto con otras europeas, el paro llegó al 20 por ciento de la población activa, el déficit alcanzó casi el 12 por ciento del PIB y la burbuja inmobiliaria con un fabuloso stock de viviendas sobrevalorado en un 40 por ciento, pusieron al país al borde de la quiebra en una Europa en que otros, como Irlanda, Grecia y Portugal tuvieron que ser rescatados. La crisis obligó al gobierno socialista a dar un giro de 180º en su política económica, que pasó del keynesianismo al neoliberalismo. En este libro reputados especialistas analizan con rigor los diferentes aspectos de la acción de un gobierno que desnaturalizó su programa en aras de la preservación del Estado.