En entradas anteriores se ha llamado la atención sobre que los políticos están atreviéndose hoy a recortar el Estado de Bienestar incluso a pesar de que esto sea impopular (ya se vio en una entrada anterior que los ciudadanos siguen apoyando el Estado de Bienestar). ¿Por qué lo hacen si así se arriesgan a peder votos?
Aunque realmente los políticos quisieran
satisfacer los deseos de los ciudadanos, no puede decirse que la opinión
pública sea el único factor del que depende la adopción de medidas relativas a
la reforma del Estado de Bienestar. La capacidad de decidir de las elites se
encuentra constreñida debido al peso creciente en las decisiones de otros actores y factores, como los lobbies económicos y
financieros que, por ejemplo, financian buena parte de las campañas electorales
en algunos países, las instituciones internacionales, otros grupos de interés,
las prioridades de los propios funcionarios públicos o la situación de partida
de la economía, entre otros muchos.
Además, los gobiernos han aprendido a esquivar el castigo de la
opinión pública después de las frustradas experiencias pasadas de recorte de los años 80. Se han identificado al menos 10 estrategias que utilizan los gobiernos recortadores para evitar ser castigados en las urnas por parte de los ciudadanos:
1) Deja para mañana lo que puedas hacer hoy, cuando el gobierno ha de adoptar una medida impopular
respecto a un asunto, puede tratar de retrasar la entrada del tema en su agenda el
máximo tiempo posible para así no generar situaciones de culpa. Las
decisiones impopulares pesan más en el voto cuanto se adoptan más cerca del periodo
electoral. Un ejemplo reciente de esta estrategia en España es el deliberado retraso de los presupuestos generales del Estado que
contenían sustanciosos recortes en políticas sociales hasta después de las
elecciones andaluzas.
2) No hay bien que por mal no venga: se puede redefinir el tema, de modo que las pérdidas se presenten como ganancias. Un recorte en las pensiones, por ejemplo, se presenta como una medida de garantía de la sostenibilidad del sistema.
3) Más vale tarde que nunca: si cualquier decisión que se tome implica pérdidas para los votantes y éstas no pueden evitarse ni suavizarse, el
gobierno también puede tratar de comprar tiempo. El
Gobierno de España tomó en 2010 la decisión de retrasar la edad de jubiliación
que es una medida impopular. Sin embargo, utilizó la conocida estrategia de
demorar el efecto de los recortes, de modo que solo los que se jubilen dentro
de unos años verán que les ha costado más tiempo conseguir una pensión que es
además menos generosa; estos percibían el recorte como demasiado lejano como
para castigar hoy.
4) Escurrir el bulto, tratando de que sea otro quien
asuma la decisión impopular. Esta estrategia puede ser útil en el caso, por
ejemplo, de los Estados multinivel parecidos al español, donde el gobierno
central puede pasar la pelota de los recortes a las Comunidades Autónomas. Como
la mayor parte del presupuesto autonómico se destina a sanidad y educación,
está claro que habrá que recortar en estas áreas, pero la culpa a ojos de muchos ciudadanos será de las
CCAA.
5) El chivo expiatorio, se sabe que los gobiernos recortadores
corren menos riesgos electorales cuando pueden encontrar a alguien a quien
culpar de las decisiones impopulares. Lo más socorrido es
culpar a tus predecesores pero también se puede acusar a otros. En la actual crisis se puede recurrir desde la UE,
al FMI o países terceros, Alemania por su obsesiva austeridad o Grecia por
arrastrar tras de sí a los países de sur, o, claro, los mercados
internacionales.
6) Subirse –o bajarse- del carro a tiempo. Para qué apoyar al gobierno en recortes
impopulares, incluso aunque se esté de acuerdo con ellos, si logrará aprobarlos porque dispone de mayoría suficiente en el parlamento. En este caso un partido de la oposición con expectativas reales de ganar las
elecciones puede preservar su apoyos e incluso ganar nuevos votantes.
7) Cerrar filas, si el gobierno se ve obligado a adoptar una decisión
impopular, también puede tratar de conseguir apoyos con la esperanza de que el consenso difumine
la culpa. Los partidos de derechas suelen resultar más sospechosos de querer liquidar
del Estado de Bienestar pero si logran el apoyo de la izquierda, los
ciudadanos tenderán a pensar que quizá el recorte era imprescindible. La
estrategia resultará más necesaria si el partido que propone el recorte tiene
enfrente a otro con posibilidades de ganar elecciones al
que los ciudadanos consideran mejor defensor del Estado de Bienestar. Se trata de una estrategia más importante si el que gobierna lo hace
por mayoría absoluta, puesto que si asume en soledad las decisiones
impopulares, será visto como el único culpable.
8) Sujétame
que no respondo de mi, la
modificación del artículo 135 de la Constitución española en 2011 puede servir para
ejemplificar esta estrategia. Mediante esta modificación se introdujo el principio de equilibrio presupuestario que prevé que el déficit estructural no sobrepase el 0,4%. Este principio ata las manos a los políticos sobre
el déficit y siempre podrá ser invocado como excusa para justificar recortes.
9) Yo no quiero pero los datos hablan por si solos, siempre se puede recurrir a la contabilidad creativa e incluso a las
mentiras, usando los datos de manera torticera o utilizando la parte de los
mismos que sea más conviene. En el caso del Estado de Bienestar, con la finalidad de justificar
recortes, es frecuente usar los
datos de fraude o abuso del sistema y los datos sobre lo que cuestan las prestaciones y
servicios, dejando de lado los beneficios que producen.
10) De todas formas habrá que hacerlo, gobierne
quién gobierne y todo será peor si no se hace. El gobierno del PSOE aducía que los recortes serían peores si el PP llegaba al gobierno y éste, una
vez en el gobierno, amenaza con que si no se hacen los recortes, llegarán los “hombres de negro”, en alusión a los funcionarios de la UE, con propuestas mucho
peores.
Ahora ya las conocemos ¿cómo desmontarlas?
Ahora ya las conocemos ¿cómo desmontarlas?