Dado que como se discutió en la entrada anterior, está demostrado que la opinión de los ciudadanos es tomada en cuenta por los políticos cuando diseñan las políticas sociales, una hipótesis razonable para explicar por qué los políticos asumen ahora el riesgo de recortar el Estado de Bienestar (recuérdese que no lo asumieron en los años 80) es la de que quizá los ciudadanos han dejado de apoyar, al menos con la intensidad que lo hacían antes, las políticas sociales.
¿Qué sabemos al respecto? Se ha demostrado empíricamente que el simple paso del tiempo no ha erosinado el apoyo al Estado de Bienestar en Occidente. Sin embargo, algunos autores han llamado la atención sobre que distintos cambios en el entorno de los Estados de Bienestar podrían minar las bases de su amplio apoyo. 4 ejemplos:
1) Es posible que entre la ciudadanía se haya extendido el temor a que el Estado de Bienestar o alguna política pública específica no sea sostenible en el futuro. Sabemos que la percepción de que el sistema es insostenible está asociada a menos apoyo. Por ej., el acelerado envejecimiento de la población siembra dudas entre la ciudadanía sobre si en el futuro podrá disponer de una pensión pública para su vejez. Tales dudas pueden hacer que los ciudadanos prefieran pagar menos impuestos para ahorrar por su cuenta. Cuando en el futuro menos gente dependa del sistema público, los políticos lo tendrán más fácil para recortar. Y es que las actitudes hacia el bienestar están formadas por la conjunción de valores e intereses y, en este caso, puede ocurrir que predominen más los intereses que los valores.
2) La sociedad se ha hecho más diversa y compleja. Por ejemplo, si el Estado de Bienestar no es lo suficientemente inclusivo como para evitar la competencia entre nacionales y extranjeros por recursos cada vez más escasos (el empleo o las prestaciones sociales), se producirán problemas. Si unos u otros no se sienten protegidos o se sienten discriminados, el apoyo a un sistema hasta entonces considerado como exitoso puede resentirse.
3) Distintos estudios han demostrado que la percepción de un mal funcionamiento de las sistema de bienestar, en términos de que éste no logra proteger a las clases medias, trabajadoras y los más débiles, no hace que el apoyo social al Estado de Bienestar se resienta sino, al contrario, implica normalmente una mayor demanda de más intervención pública e incluso de respaldo a una subida de impuestos porque los ciudadanos creen que, en realidad, la ineficacia se debe a la falta de recursos.
Sin embargo, si como consecuencia de la crisis se producen recortes que empeoran la calidad y eficacia de los servicios públicos y esta situación de deterioro se mantiene en el tiempo, es posible que la confianza en el sistema se debilite. Un reciente trabajo sobre distintos países europeos advierte de que tras la crisis, aunque el apoyo de las clases trabajadoras en el Estado de Bienestar permanezca, la confianza de estas mismas puede haberse resentido por la incapacidad que el sistema manifestó para protegerlos adecuadamente. Asimismo, también se puede resentir la de aquellos que, aunque habiendo sido protegidos, antes de la crisis estaban satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos pero, tras los recortes, dejen de estarlo al encontrar los mismos deteriorados.
El paso del tiempo no parece erosionar por sí mismo el apoyo al EB. Pero las medidas que se adopten o no durante la crisis pueden ser determinantes para que se fortalezca o se resienta el apoyo de los ciudadanos al Estado de Bienestar en un futuro no tan lejano.
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