sábado, 17 de noviembre de 2012

Robin Hood, Mateo y la paradoja de la redistribución

     Lo que principalmente se espera del Estado de Bienestar (EB) es que tenga un impacto positivo en la eliminación de la pobreza y la desigualdad, bien a través del incremento de los ingresos de una parte de los ciudadanos y a través de transferencias ―financiadas con impuestos progresivos y contribuciones sociales―, o bien mediante la provisión de servicios públicos para la población, o ambas.
     El efecto redistributivo del EB ha sido confirmado por numerosos estudios. Sin embargo, en los años 70 del s. XX, se llamó la atención sobre el hecho de que a pesar de la extensión del EB, la pobreza y la desigualdad seguían persistiendo. En distintos trabajos comparados se ha tratado de explicar hasta qué punto este resultado puede generalizarse a todos los regímenes de bienestar (nórdico, liberal, continental o mediterráneo) y a los diferentes programas de política social.   
     Efectivamente el tipo de régimen de bienestar importa para explicar la pobreza y la desigualdad. Los EB menos generosos e inclusivos, dejan lagunas sin cubrir respecto al bienestar. El objetivo básico de aseguramiento contra los riesgos del régimen conservador centroeuropeo, reproduce las diferencias de estatus y conduce a la dualización social, entre los insiders, trabajadores con carreras laborales largas y estables, por tanto bien protegidos cuando se quedan en paro o se jubilan, y los outsiders, muy mal cubiertos si caen en desgracia. En el régimen mediterráneo, por ejemplo, no se han desarrollado algunos de los “pilares” del bienestar (atención a las personas en situación de dependencia o a las familias), lo que limita su eficacia en términos de proteger a determinados colectivos.
     También existe un interesante debate sobre qué tipo de programas corrigen mejor la desigualdad. Podría pensarse que los programas más focalizados ―es decir, los que destinan los recursos a grupos específicos, como los más necesitados, los inmigrantes o las mujeres―, son más eficaces que los programas universales ―esto es, los servicios o prestaciones uniformes que benefician a todos los ciudadanos independientemente de su renta o clase social―. Sin embargo, como han explicado Korpi y Palme en su paradoja de la redistribución, los programas focalizados, predominantes en el Reino Unido o Estados Unidos, ― especialmente los que solo benefician a un escaso número de individuos en su situación de necesidad―, reciben menos apoyo por parte de los demás ciudadanos. La focalización sería una especie de estrategia Robin Hood, en la que se quita dinero a los más afortunados económicamente para distribuirlo entre los más pobres. Estos ciudadanos afortunados pasan a considerarse contribuidores netos del EB, ya que pagan impuestos pero no se benefician de las prestaciones, lo que a la larga puede socavar el apoyo al sistema y provocar que los programas sean menos generosos y, también, más fáciles de recortar.
     Parte de estos problemas se obviarían con un sistema  de prestaciones o servicios similares para todos. Aunque estos programas han sido criticados por producir el llamado efecto Mateo, «el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre», la evidencia demuestra que los regímenes universalistas arrojan mejores resultados en la reducción de la pobreza. Los ciudadanos acostumbran a proporcionar más apoyo a los programas que pagan pero de los que también se benefician. Cuando puede reunirse bajo las mismas instituciones del bienestar a los más desfavorecidos con los más afortunados, las cosas mejoran para ambos, puesto que se produce una mayor presión por la calidad de los mismos.
   Igualmente, la lógica de funcionamiento de los programas focalizados está detrás de algunos de sus problemas. Tales programas, generalmente poco generosos, proporcionan apoyo una vez que otras redes de ayuda han fallado (los servicios públicos o la propia familia). Sin embargo, cuando el individuo se encuentra ya en situación de exclusión, es muy difícil evitar la cronificación debido a que se han perdido las redes de ayuda más elementales. Se trata de un serio problema que afecta además a la legitimidad de los programas sociales, ya que debido a su supuesta incapacidad para rescatar a los ciudadanos de la pobreza son desprestigiados y acusados de desincentivar el esfuerzo individual

martes, 13 de noviembre de 2012

Lo que se lleva en Europa en materia de Estado de Bienestar y política social

Arriba, Vagón de Terecera y abajo Vagón de Primera (Daumier 1875)
    

    


Con la finalidad, en un futuro, de ver hasta qué punto seguimos la moda europea en el Sur, he procedido a elaborar un listado de las principales tendencias en materia de Estado de Bienestar  y política social en distintos países en la última década.
     Lo primero que llama la atención es que, a diferencia de lo que ocurrió en los años 80 y los primeros 90, en general, los gobiernos se han mostrado muy activos en este sector de política, venciendo la inercia de los programas públicos existentes y las resistencias de los actores que tradicionalmente han defendido el status quo del bienestar (cuestión que tendremos que explicar politólogos y sociólogos). Además, el papel de otros actores, como los ministerios de finanzas o de empleo o de las corporaciones empresariales se ha hecho ahora más visible en el diseño de la política.

     De entre todos los países, los de la Europa continental parecen ser los más dinámicos últimamente, en buena medida porque los anglosajones y los nórdicos lo fueron en la década anterior. Otro asunto bien interesante es que en muchas ocasiones las políticas no suponen menos sino más intervención del Estado en forma de control administrativo. Por sectores de política social, se han producido reformas en todas ellas aunque, en principio, los recortes son más duros en pensiones y protección por desempleo.

Sin ánimo de ser exhaustiva, el catálogo de los cambios se podría sintetizar en:

 1) Apuesta por convertir en empleables al máximo número de ciudadanos
 -- A diferencia de las políticas de los 80 que favorecían la salida del mercado laboral de mujeres, mayores y  discapacitados para garantizar el empleo de los varones cabeza de familia, en la actualidad estos colectivos vuelven a considerarse empleables y por lo tanto reciben presión para que busquen un trabajo.
-- Se subvenciona a los trabajadores pobres. Con la finalidad que los desempleados trabajen aunque sea en un empleo precario, el que el individuo tenga un trabajo se ha convertido en una condición para que pueda recibir la prestación, que completa el insuficiente salario.
-- Puesta en marcha de las políticas de activación y no solo en relación con la política de protección por desempleo. En este sentido, se condicionan las prestaciones (rentas mínimas, subsidios,... etc.) a que el individuo tenga un comportamiento "activo" (buscando un empleo o de otro forma). Aún así, estas políticas son muy distintas según los países y mientras en algunos lugares tiene un enfoque negativo, de castigo, en otros su filosofía es la contraria.
-- Flexibilización laboral: básicamente se facilita el uso de contratos a tiempo a tiempo parcial o de duración determinada.
-- Facilitación del autoempleo

2) Recortes y remercantilización
-- Especialmente en las pensiones públicas: retraso de la edad de jubilación, fomento de los planes de pensiones privados obligatorios y voluntarios, reducción de la cuantía de la pensión, debilitamiento del sistema de reparto (que es el que tenemos aquí)
-- En la protección por desempleo, se recorta la prestación en cuantía y duración, se desvincula de la carrera contributiva previa (para que haya menos resistencias a su recorte), se acorta el tiempo en que se reciben la prestación contributiva y se alarga el subsidio no contributivo, que es menos generoso.
-- Privatizaciones, introducción de libre elección y el copago en educación y sanidad que, en general, traen como consecuencia la remercantilización (hacer a la gente más dependiente del mercado para satisfacer su necesidades)
--  Recorte del gasto farmacéutico (lo incluyo porque este gasto tiene un nada desdeñable efecto redistributivo)

3) Nuevas políticas de protección para colectivos específicos: familias, niños, mujeres, ancianos y desfavorecidos
-- Mientras en algunos países la desregulación está trayendo como consecuencia un fuerte aumento de la pobreza y la desigualdad (y de la dualización del mercado de trabajo), otros, previendo estás consecuencias están tratando de mejorar la protección a los trabajadores precarios (que antes no tenían derecho a desempleo, por ejemplo).
-- Desarrollo de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, con especial, el apoyo a las mujeres y a las madres o padres solos.
 --  Atención a la dependencia, en especial en relación con los ancianos
-- Apuesta muy decidida en algunos países por políticas de lucha contra la pobreza, especialmente la pobreza infantil.
-- La creciente evidencia empírica que relaciona la pobreza con la falta de oportunidades desde la infancia ha hecho a apostar a algunos por mejorar la atención a los niños desde los primeros momentos de la vida. Esta será previsiblemente una política estrella en los próximos años.